Planificación territorial. Un concepto árido para la mayoría, que adquiere una rápida y tangible cercanía cuando lo vinculamos con medio ambiente. Porque gran parte de las problemáticas socioambientales que nos afectan, no solo a nivel local, sino a lo largo de Chile, tienen su origen precisamente ahí. En una decisión técnica, pero arbitraria y, por lo general, peor todavía, tomada “entre cuatro paredes”. El caso de Tunquén y su potente ecosistema es un caso neto de aquello. En determinado momento, un comité de “expertos” decidió que su playa era terreno adecuado para construir, para urbanizar, para llenarlo de viviendas. Pese a que se trata de una zona enteramente inundable en caso de tsunami, que está repleto de restos arqueológicos, de que sus doradas arenas forman parte de un corredor biológico de importancia mayor. La amenaza no vino del cielo, sino de una decisión muy humana y concreta. Desde entonces, la comunidad es la que se levanta, la que debe hacerlo, con el fin de contener los coletazos de una maniobra en falso en cuanto a planificación territorial. Hace pocos días, la Corte de Apelaciones de Valparaíso entregó algo de alivio en esa lucha, obligando a toda pretensión inmobiliaria en el lugar a someterse a un estudio de evaluación ambiental. Conversamos al respecto con el abogado de la Fundación Tunquén Sustentable, Christian Lucero.
Las gestiones por la defensa del ecosistema de Tunquén se prolongan por varios años, quizá ya cerca de diez. En todo este tiempo han habido evidentes avances. ¿En qué está ahora esta importante cruzada de protección ambiental de nuestra provincia y nuestra región?
En primer lugar hay que señalar que esta iniciativa comenzó con un grupo de vecinos de Tunquén liderados por José Fliman, que realizaban mingas de limpieza de la playa y del humedal para retirar la basura que dejaban los visitantes durante los veranos. La protección de este ecosistema tan valioso -que incluye no sólo sus humedales, sino además el campo dunar, su playa, área costera, quebradas y laderas- también contó con la iniciativa de doña Sara Romo, que postuló 107 hectáreas de su propiedad, de la desembocadura del Estero Casablanca, para que fueran reconocidas como Santuario de la Naturaleza el año 2014, proceso en el que tuve la suerte de participar y que concluyó con éxito. Pero quedó pendiente de protección la totalidad del ecosistema, en particular el sector sur del campo dunar, que es lo que estamos intentado se proteja ahora para conservar este ecosistema que es prioritario a nivel regional para la conservación de la biodiversidad.
La inmobiliaria que adquirió inicialmente el lote ubicado en el sector sur del campo dunar de Tunquén subdividió la propiedad en 81 parcelas y hace unos meses se ejecutaron obras en varias de éstas, que la Corte de Apelaciones de Valparaíso calificó de ilegales. ¿Te puedes referir a eso?
Efectivamente, los jueces de la Corte adquirieron la convicción, más allá de toda duda, que quienes están detrás de dichas obras, consistentes en la apertura de nuevos caminos, instalación de cercos con alambres de púa, cavado de zanjas e instalación de otros elementos, incluyendo un contenedor habitable, además de la tala ilegal de bosque nativo y de la destrucción de sitios arqueológicos, han sido ejecutadas de forma coordinada entre ambas inmobiliarias recurridas, por lo que, independiente de quién es el dueño del terreno, lo que interesa es quién es el dueño de las obras y, en este sentido, los ministros luego de analizar todos los antecedentes aportados llegaron a esa conclusión, por lo que se debe suspender la ejecución de cualquier obra en el sector mientras no sea aprobado un estudio de impacto ambiental, lo que se hace extensivo a la ejecución de una vivienda, por ejemplo.
¿Qué importancia tiene que las obras en el sector señalado en el recurso se deban someter a un estudio de impacto ambiental?
En primer lugar, que la ejecución de obras o actividades se enmarcará dentro del mecanismo establecido por la ley para identificar las amenazas al medio ambiente y poder prevenirlas y mitigarlas. Por otra, porque se abre un proceso de participación ciudadana lo que, junto a una eventual consulta a los pueblos originarios, será determinante para reconocer, proteger y conservar el destino de este patrimonio cultural y ambiental que pertenece a todas y a todos los chilenos.
¿Qué trascendencia tiene la reciente declaración del Santuario de la Naturaleza “Playa Tunquén y Quebrada Seca” para la protección del lugar?
Es de vital importancia que se avance en la segunda etapa por parte del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), lo que quedó pendiente en el anterior gobierno. De esa forma, se logrará la protección integral del ecosistema de Tunquén. Además, se encuentra en tramitación la solicitud de reconocimiento de humedal urbano, lo que garantizará una mayor protección al humedal estacional existente en el lugar, el que da cuenta, de acuerdo a estudios recientes, de la presencia de aguas fósiles que permiten dar vida a una flora nativa única y representativa de la región en su campo dunar, que es importante preservar y proteger de las amenazas antrópicas existentes, como es la extracción de áridos, la actividad del off-road y, por supuesto, del desarrollo inmobiliario.
En cuanto a las nuevas piezas de la institucionalidad ambiental, ¿de qué manera se han manifestado desde el MMA?
Enfatizando que proyectos como el de Arenas de Tunquén y cualquier otro que pueda afectar un humedal, un Santuario de la Naturaleza o sitios arqueológicos, como en el hecho ocurrió por parte de las inmobiliarias, deberán someterse en forma previa a su ejecución a un estudio de impacto ambiental. Además, si han provocado un daño ambiental deberán responder, ya que hoy no sólo priman en nuestra legislación los principios de prevención y de precaución, sino que axiomas como “el que contamina paga” y, luego de esto los vamos a hacer pagar, no te quepa duda de eso.
Cabe señalar que el humedal de Tunquén y su ampliación forma parte forma parte del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, iniciativa que es prioridad gubernamental y cuyo objetivo central es proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas prioritarias de humedales.