by El informe elaborado por el Laboratorio de Limnología de la U. de Chile entregó, comienzos de julio, un antecedente de peso respecto a la contaminación de las Lagunas de Llolleo, conocidas como Ojos de Mar, y se presentó como una prueba sólida de la acción nociva de la actividad portuaria sobre el ecosistema lacustre. Esto, en el marco de las reclamaciones interpuestas contra el Ministerio de Medio Ambiente por su negativa de nombrar estos cuerpos de agua como Humedal Urbano, hacía augurar que se avecinaban días auspiciosos para la parte demandante, 11 vecinos de San Antonio, muchos de ellos representantes de agrupaciones sociales y ambientales de la comuna. Sin embargo, en los últimos días, el proceso judicial ha ido sumando una serie de contratiempos, los cuales se agudizan junto con el inicio de la etapa de conciliación propuesta por el tribunal.
Si bien el proceso de conciliación forma parte de las dinámicas judiciales, para el caso específico de los Ojos de Mar éste despertó especial controversia, no solo dentro de los movimientos ambientalistas, sino, muy particularmente, entre expertos en materia procesal, como la abogada e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Ximena Insunza, para quien con el caso sanantonino se abriría “un flanco complicado”.
Por parte de los ciudadanos impulsores de la reclamación, la disconformidad, incluso molestia, por la forma cómo el proceso se lleva a cabo ha ido en aumento. Representados por la ONG FIMA, señales del deterioro del vínculo entre abogados y vecinos empezaron a manifestarse hace algunas semanas, cuando dos de éstos últimos decidieron reemplazar a los primeros por profesionales de la ONG Vida. Sin embargo, el punto de mayor tensión vino pocos días después, cuando se dio a conocer el documento por medio del cual la abogada de FIMA, Macarena Martinic, comunica a los jueces las apreciaciones de sus representados respecto a una eventual conciliación, solicitando que sobre éste se decrete “reserva”.
Así, hace pocos días, ahora 4 de los 11 integrantes de la reclamación original, redactaron una carta dirigida al Tribunal en la que expresan sentirse “completamente ajenos al proceso” de conciliación, dando a conocer, además, su decisión de desvincular a la abogada de FIMA de su representación legal. Paradojalmente, por parte de la Empresa Portuaria de San Antonio EPSA, la cual se sumó como tercero en favor de la parte demandada, se puede conocer el pormenor del marco en el que se propone resolver un eventual acuerdo. Tal como lo advirtió la investigadora Insunza, al Tribunal le compete decidir si la decisión del Ministerio de Medio Ambiente fue un acto administrativo legal o no. La conciliación abre la puerta para que la parte demandada imponga determinado “rayado de cancha”, cuestión que resulta, al menos, preocupante.
Acá, la carta íntegra dirigida al Tribunal
